Debemos reconocer nuestro desdén con una frase lapidaria: “estamos acabando con el sistema ambiental en Colombia”. Los seres vivos dependemos de la tierra en que nacimos y nos movemos y del agua en todas sus formas. De lo contrario todas las especies pueden desaparecer. La indiferencia con la que fue tramitado por el Congreso de Colombia la ratificación del texto del Acuerdo de Escazú adoptado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, y que como consta en los documentos del evento publicados por la CEPAL, fue “negociado por los Estados con la participación significativa de la sociedad civil y del público en general, confirmando el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible”, demuestra que las élites poderosas que manipulan el poder político en nuestro país, solamente están interesadas en su beneficio y no en el lucro de toda la población. “Este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los individuos y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.” Por la falta de compromiso con el pueblo en materias importantes como las ambientales, hay que cambiar en las próximas elecciones por los menos el 70% del Congreso actual.
El documento presentado para ratificación quedó aplastado por las mayorías del gobierno, por el temor que inspiran los términos del texto que consigna principios, derecho de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia, seguridad de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y la implementación de una organización para garantizar el cumplimiento del tratado. Pero obvio, en el camino se atravesaron los dueños de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, los ganaderos, los mineros, los petroleros, los taladores de madera, los pescadores industriales y demás gremios defensores de la tesis de que primero están sus ingresos que la sostenibilidad ambiental de los colombianos. Veremos qué pasa con el nuevo trámite del proyecto para ratificar el tratado.
La defensa del medio ambiente constituye un objetivo fundamental dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección. Al Estado se le imponen, por tanto, los deberes de: 1) proteger su diversidad e integridad ambiental, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.
No olvidemos que la tierra está entrando en un proceso acelerado de desertificación y sequía, que traerá consecuencias graves para los seres humanos y para la diversidad de la flora y la fauna. Llegará un momento en que no tendremos agua para abastecer a la población, ni terrenos fértiles para producir alimentos. El compromiso de los líderes de hoy es garantizar los recursos ambientales necesarios para las futuras generaciones. Por eso las decisiones en proyectos como el Acuerdo de Escazú deben ser favorables en todos los Congresos y Corporaciones que debatan el tema ambiental. La responsabilidad por generar un cambio acertado de gobernantes en 2022 es esencial para salvaguardar la Constitución ecológica que tenemos, haciendo en ella los cambios esenciales que garanticen la efectividad de los derechos fundamentales del pueblo y una estructura administrativa que devuelva el equilibrio y la efectividad de los poderes públicos.
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