Desde el 2022, antes de que el Presidente Petro asumiera la presidencia de Colombia hubo publicaciones muy directas sobre lo que en gobiernos anteriores era la podredumbre administrativa, en el manejo de contratos y nombramientos en el sector público y en la mano oscura del sector privado, que contribuye con el 50% de la corrupción. En el documento “Pistas para investigar las rutas de la corrupción”, publicado por el Consejo de Redacción de la Fundación © 2022, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., KAS, Colombia, encontré estas palabras: “¿Qué papel tiene entonces el periodismo del siglo XXI ante un escenario de corrupción rampante, de casi evidente anomia social y de volcánicas indignaciones en redes sociales que son flor de una tarde? La respuesta es simple: seguir haciendo el oficio, ese mismo que en el siglo pasado les valió a algunos el apelativo de “escarbadores de estiércol”, estiércol que a su vez surge de las entrañas del poder público o privado. Vigilar al poder es una labor que yace en los orígenes mismos del periodismo y hacerlo implica exponer a la luz pública sus vacíos éticos, que no son pocos en estas épocas de relativismos y verdades a medias.”
Si, y sobre el tema la jurisprudencia de las Cortes también había dicho: “en la sentencia C-088 de 2000, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de un mandato legal que establecía la responsabilidad solidaria entre el representante legal de las entidades y los contratistas en los casos de sobrecostos y otro tipo de irregularidades en materia de contratación pública. Precisó la Corte: “(…) armoniza con el principio de solidaridad (art. 1º. C.P.) pues protege la integridad del patrimonio público al consagrar un instrumento que propende por la recuperación de los dineros del presupuesto público que terminan en los bolsillos de los servidores públicos o de los particulares (…)”. La Corte también reiteró: “para la Corte Constitucional en la contratación estatal el principio de buena fe constituye el valor ético y social a través del cual se sostiene la confianza y obliga a las partes a actuar con lealtad y honestidad en todas las etapas de su relación contractual. (C-207/19). Este principio comporta, lato sensu, el deber para las partes de actuar de tal forma que se procure mantener la equivalencia económica del contrato y evitar que puedan resultar afectados los intereses patrimoniales de las partes. Finalmente, uno de los efectos jurídicos de la buena fe en materia contractual, es la aplicación de la regla según la cual todo comportamiento contrario a la misma, en cuanto ilícito, trae implícita la obligación de pagar perjuicios.”
No obstante todo lo anterior el canal digital Bloomberg publicó que en 367 hechos en Colombia se perdieron $92.77 billones, si se contabilizan los volúmenes de pagos en pesos de contratos, obras y contratación de servicios.
En 2020 tuvimos el Escándalo Memo Fantasma y Marta Lucía Ramírez. Por la pandemia La Procuraduría General de la Nación registró 837 investigaciones disciplinarias hasta octubre de 2021. Y recordemos que el escándalo de la salud no es de ahora, porque en 2017 fueron capturadas 7 personas del Ministerio de Trabajo y seguridad social, particulares y de las EPS, después de una denuncia del presidente Juan Manuel Santos en el mes de mayo quien anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el Ministerio de la Protección Social. Pero Pacho Santos y Alejandro Gaviria siguen diciendo que la corrupción empezó en 2022 y no antes. Qué descaro! Pero este país se lo ha robado la derecha desde 1820.
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