La derecha colombiana ha emprendido desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro ataques sistemáticos contra el Presidente por presuntos hechos de corrupción. Todo lo que esté ligado al Presidente de la República la derecha lo cataloga como actos de corrupción del mandatario. Pero ¿oh sorpresa!, la Corte Suprema acaba de terminar una investigación absolviendo a la Senadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal, por supuestos pagos a personas en Bogotá en una de sus fórmulas para la Cámara, explicando ella que “No tengo que responder por las embarradas de los demás. Lo triste es que esa persona que hice edil fue la que hizo la fiesta, donde entregaron, según dicen las versiones. Las cortes además han explicado que “El principio de responsabilidad personal en materia sancionatoria, también denominado principio de imputabilidad personal, de personalidad de las penas o sanciones o de responsabilidad por el acto propio, consiste en que un sujeto únicamente puede ser sancionado por actos u omisiones propias. Por lo tanto, al momento de imponer una sanción, no es posible transferir la responsabilidad.”
Y esta decisión de la Corte también sirve para llamarle la atención a la derecha excluyente y retrógrada porque ellos han gobernado este país durante 220 años y Petro acaba de llegar al poder, pero todos los delitos anteriores se los cargan a la presente administración sin poner los ojos sobre los miles de corruptos sancionados antes del 2022 por diferentes delitos contra la administración pública. Vale la pena leerse la entrevista a la investigadora Carolina Isaza, publicada por el diario El País de España donde ella afirma: “en Colombia algunos de los grandes grupos empresariales aportan recursos a todos los candidatos por igual para asegurarse de que el que gane los tenga en cuenta, o favorezca sus intereses cuando llegue al poder”. Y además aclara que los índices de transparencia internacional no cambian mucho respecto a Colombia pues hoy estamos en el puesto 87 entre 180 países evaluados por índice de corrupción, con leve mejoramiento, pero la corrupción sigue siendo un problema grave en el pais.
Lo más triste de todo ese entramado de corrupción es que en Colombia no hay una sensación de arrepentimiento, los políticos no quieren reformarse a sí mismos y quieren que las instituciones que les permiten la corrupción siga igual. La enmienda que debería ser la razón de ser de todo ese dolor que se causa robando el dinero para la inversión en los niños, niñas y adolescentes no se manifiesta en las leyes con prohibiciones más severas, sanciones efectivas e inhabilidades e incompatibilidades más fuertes. Hay que impedir que quienes accedan al poder lleguen a apropiarse de recursos estatales y ser más severos con las consecuencias de sus acciones limitando su actividad política, económica y social futura para que jamas puedan tocar dineros del Estado. Corresponde a la dirigencia política y económica combatir la corrupción, abstenerse de beneficiarse de ella y sellar el trampolín que permite a muchos pasar del sector privado al público y viceversa para beneficiar a sus antiguos patronos.
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