Las encuestas siempre han sido un instrumento de manipulación política, porque quienes pagan esos estudios exigen en la mayoría de los casos que se les muestren a ellos primero los resultados. Así morigeran o cambian la interpretación que debe entregarse al público, de lo contrario a la firma responsable no la vuelven a contratar. Ahora bien, todos nos preguntamos cuando escuchamos o leemos resultados de encuestas, ya pasado el evento analizado, por qué subsisten los errores que hemos evidenciado en otras muestras. Y no son pequeños porcentajes, porque a veces suben al 25 o 35 por ciento. ¿Será posible tanta desfachatez? ¿Será típica esa conducta de mostrar resultados amañados según el tipo penal de perturbación de certamen democrático? (Art. 386 código Penal). Necesitamos un fiscal general que innove en la interpretación del derecho y castigue la “manguala” que ha existido entre algunos encuestadores y la derecha colombiana.
La manipulación de encuestas encaja en un fraude continuado contra los sistemas democráticos, pues muchas veces se comenta que las empresas o personas responsables de los estudios reciben dinero para hacer figurar resultados que jamás corresponden con la realidad. Se excusan en el margen de error o en mediciones tardías, que no permitieron evidenciar el impacto de algún dato nuevo sobre el elector. Pasó en la elección presidencial anterior del 2022, cuando la mayoría afirmaba que Petro perdería la elección y terminó ganador contra todo pronóstico, y ha ocurrido en elecciones de alcaldes y gobernadores donde se muestran cifras que parecen preparadas para impulsar a uno o varios candidatos o para opacar a otros, y hacer que el voto útil se vaya hacia esas personas dejando al garete otros liderazgos territoriales. ¿Será constreñimiento al elector por las presiones que ejercen las encuestas con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato? (Art. 387 CP).
No hay que desconocer que quienes están al frente de firmas encuestadoras son o han sido militantes de partidos o movimientos políticos. Que su férrea ideología los amarra y les impide ser imparciales y publicar la verdad. Por el contrario, si la mentira se expande y triunfa el candidato asì publicitado, los personajes reciben dádivas del nuevo gobierno y hasta cargos en embajadas o consulados. Es claro que las principales encuestadoras colombianas han trabajado con la derecha extrema del pais y que ponen las elecciones regionales como paradigma de lo que viene para la elección presidencial de 2026. Pero las votaciones territoriales ofrecen una competencia diferente y una visión más arraigada en los pueblos. Aquí importa lo local frente a lo nacional. Las encuestas impactan con el tema de favorabilidad del presidente, pero poco hablan de la nula credibilidad de la oposición y de su falta de coherencia y unidad. Todo lo malo lo achacan al gobierno del presidente y no a las fallas que son herencia de anteriores gobiernos. Estemos pendientes de los resultados y si hay diferencias de fondo habrá necesidad de poner en conocimiento tales hechos ante la justicia penal. ¡Ojalá algunos vayan a la cárcel por perturbar o constreñir!
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