Los medios aplauden a algunos bocones que dicen que el Estado no debe regalar nada a nadie y que todo se lo deben conseguir trabajando. Pues bien, esas personas que así hablan jamás han sentido necesidades y muchos celebramos que hayan encontrado trabajo durante toda su vida y que hayan ganado el suficiente dinero para estar hoy vociferando contra los pobres. Pero muchos colombianos lograron llegar hasta las más altas esferas del poder público y empresarial gracias a que el Estado o una mano generosa les dio becas para estudiar.
Y lo más ignominioso de tales declaraciones en contra de los pobres que reciben subsidios es que quienes hablan ignoran la cifra oficial de contratos “chimbos” y otras maniobras escandalosas, para que en Colombia se hayan perdido anualmente en manos de la derecha extrema e intransigente, $50 billones en corrupción, según declaraciones del ex contralor Carlos Felipe Córdoba. Así lo afirmó el exfuncionario al Noticiero CM& el día 29 de enero de 2021. Allí dijo: “Es absolutamente increíble lo que el país pierde por actos de corrupción; la cifra es de no creer y la reveló el contralor general, Carlos Felipe Córdoba: cincuenta billones de pesos. Cincuenta billones fue la cifra revelada por Córdoba en un evento semipresencial de la Corte Constitucional. La cantidad de plata que se pierde por corrupción es de tal tamaño que equivale al 17 % del presupuesto general de la nación, que para el año 2020 fue de $ 303 billones. Según advirtió el contralor Córdoba, solo de regalías, los recursos que se perdieron el año pasado llegaron a $ 1,3 billones. ¿Quiénes se robaban ese dinero? Pues los que estuvieron en el poder la últimas cinco (5) décadas.
Mientras algunos privilegiados critican al gobierno Petro por dar subsidios a los pobres, por asignar apropiaciones presupuestales para que los jóvenes regresen a las aulas y no se dejen atraer por los violentos, por invertir más en educación que en carreteras para que los peajes vayan al bolsillo de los más ricos, estos mismos arrogantes deberían solidarizarse con los humildes y desposeídos y callar en vez de insultarlos porque ellos no proceden de rancias familias, ni de nobles apellidos y menos de ricos desocupados que gastan sus fortunas en placeres y viajes de vacaciones.
Si por lo menos reconocieran que vivimos en un Estado Social de Derecho, cuyo objetivo esencial son los derechos humanos y adoptar medidas en favor de grupos discriminados y marginados, harían un gran favor a la democracia, siendo prudentes con sus manifestaciones discriminatorias y de rechazo hacia quienes no nacieron en un hogar opulento y afortunado como el de aquellos que ven a los pobres como “gente desechable”. A esos privilegiados hay que obligarlos a que paguen más impuestos para dedicarlos a cubrir las necesidades de personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Fueron los pobres los que votaron a favor del gobierno alternativo del Pacto Histórico y seguramente lo seguirán haciendo pues los ricos no les ofrecen oportunidades, ni políticas ni económicas.
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