“Estas propuestas pueden derivar tanto de representantes de partidos políticos de derecha, ultraderecha o de izquierda. De allí que, como tal, no existe un movimiento político autoproclamado como populista, ya que esta postura puede surgir de cualquier tipo de agrupación política”.( www.significados.com). Lo extraño de los gobiernos de derecha es que critican las ofertas dirigidas a subsidiar a los pobres por personajes ajenos a su ideología, pero no dicen con claridad que en Colombia los subsidios que se pagan pueden ascender anualmente a $75 billones. Es decir, subsidiar es malo si lo ofrecen candidatos alternativos y es bueno si los Presidentes de derecha entregan a diestro y siniestro dinero público, que quieren hacer aparecer como si fueran ellos personalmente los donadores de esas cifras millonarias.
El dinero de los impuestos son recursos públicos. Todos los ingresos de la Nación, por tanto, pertenecen al pueblo y ese dinero se reparte en el presupuesto no a título personal sino por voluntad de los delegados de la autoridad popular que son los Congresistas. Otra cosa es que en medio de las aprobaciones y distribución que se hace de ellos algunas cifras se destinan de manera sesgada para la celebración de contratos leoninos orientados por la mano de quien dio su voto para aprobar el presupuesto general de la Nación. Por eso en el referendo anticorrupción la derecha no quiso votar el control público de las asignaciones presupuestales por parte de las comunidades, pues eso les liquidaría su poder frente las personas más pobres del país.
La Corte Constitucional ha desarrollado a través de su jurisprudencia conceptos claros sobre el uso de recursos públicos. En efecto ha expresado que “la Constitución prohíbe toda donación de recursos públicos, lo que no significa que el Estado no pueda implementar políticas sociales o económicas que tengan como herramienta la asignación de bienes o recursos sin una contraprestación directa e inmediata a cargo del beneficiario. En un estado social de derecho, el Estado tiene ciertas obligaciones sociales que se concretan, entre otras, en la asignación de bienes o recursos públicos a sectores especialmente protegidos por la Constitución, y para que este tipo de asignaciones resulten ajustadas a la Carta, se requiere que satisfagan, cuando menos, cuatro requisitos constitucionales: En primer lugar, debe respetar el principio de legalidad del gasto; en segundo término, toda política pública del sector central, cuya ejecución suponga la asignación de recursos o bienes públicos, debe encontrarse reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente plan de inversión, y tiene que encontrarse fundada en un mandato constitucional claro y suficiente que la autorice; por último, debe respetar el principio de igualdad”.
Por estas calendas, propias de las campañas electorales, el Gobierno nacional y las administraciones territoriales gastan ilimitadamente esos recursos públicos, sin control alguno, porque los Contralores parecen ciegos a los reclamos de abusos y aplicación irregular de esos dineros para comprar votos. Por eso todo subsidio o ayuda debería llevar un slogan como este: “otorgado con los impuestos de todos los colombianos”. De esa manera dejarían de aparecer tales ayudas como si salieran del bolsillo del Presidente, Gobernadores o Alcaldes. Respetemos la dignidad de las personas y no los tratemos como a menesterosos o “vagos”. Los programas sociales son constitucionales y deben llegar a quienes los necesitan. Eso no es populismo del que tanto denigran los distinguidos personajes del estrato 6. Son programas de apoyo a personas vulnerables.
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