Si revisamos la historia de Colombia en los últimos 34 años, ningún presidente, salvo Gustavo Petro, ha interpretado la Constitución política de 1991, tratando de llevar soluciones a las mayorías del pueblo y no como han actuado los demás expresidentes desde Barco hasta Duque, que se preocuparon por enriquecer más a los ricos de Colombia. Desde el preámbulo y a lo largo de los 380 artículos que tiene la Carta, los ricos solamente han apoyado el que se refiere a la protección de la propiedad y a defender la creación y productividad de las empresas. No se han detenido en textos como el 3o que determina que la Soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público; el 5º que precisa la “primacía de los derechos inalienables de la persona”, pues desde el poder se ha privilegiado la violencia y el exterminio del enemigo ideológico como lo prueban las terribles masacres, donde según la Corte Suprema y la Corte Constitucional han participado armas oficiales; ni el 11o que consagra la inviolabilidad del derecho a la vida, pues en Colombia no hay pena de muerte, pero existieron los falsos positivos; ni el 13º donde se establece el deber de promover condiciones de igualdad real y efectiva, falla que está demostrada en la conclusión de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo.
La Corte Constitucional ha tratado de que la Constitución sea “real y efectivamente” aplicable a todos, pero ella no tiene el poder que emana de la ejecución del presupuesto. Los poderosos de Colombia apoyan carreteras, servicios públicos privatizados y costosos peajes, hospitales y salud privados, todo privatizado, pero la riqueza se queda en las manos de sus dueños, no se derrama por toda la geografía colombiana, pues en zonas del norte, del oriente, del occidente, del sur de Colombia la gente se muere sin salud, sin seguridad y sin otros privilegios. Un estudio Consumer Insights Q4 del 2021 reveló que en Colombia, 21% de los ciudadanos pertenecen al estrato 1 y 32% pertenece al estrato 2, mientras que, 29% pertenecen al estrato 3 y 11% al estrato 4. Únicamente 7% de los ciudadanos pertenecen a los estratos 5 y 6.
Esas estadísticas muestran que el 82% son estratos 1, 2 y 3, es decir 45.100.000 personas. El estrato 4 con el 11 por ciento serían 6 millones, y 7% de los estratos 5 y 6 dan como resultado serian 4 millones mal contados. Los primeros 3 estratos deben ser subsidiados, el 4 apenas sobrevive y los estratos 5 y 6 tienen por lo menos garantizado que sus 3 comidas diarias pueden pagarlas, más salud, educación pública, servicios públicos, carro, gasolina y peajes carísimos. Esa desigualdad no se estudia en la Andi, ni en los gremios donde están los centros de poder. Y Petro ha buscado disminuir esas desigualdades pero los gremios y poderosos contratistas no han dejado, pues no quieren el dinero público para levantar las condiciones sociales del pueblo, sino para mantenerlo sometido a sus deseos de poder. Lograron el bloqueo de todos los proyectos importantes del plan de desarrollo y ayudaron con su influencia a que hasta el presupuesto terminara mal, no hay créditos, ni posibilidades de inversión. Y lo poco disponible lo quieren en vías, puentes túneles, no para terminar la desigualdad y la pobreza, sino para sostenerse ellos mismos como los únicos sobrevivientes de una democracia moribunda. O cambiamos o nos cambian, como decía un personaje antioqueño.
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