La guerra que tiene montada la oposición contra el gobierno está sustentada en una actitud contestataria de algunos servidores que facilita la explosión de los egos de quienes, sin tener ningún poder, se quieren igualar con las esferas directivas de la administración. El arte de gobernar es muy estricto en cuanto a las cosas que se pueden decir públicamente y las que no. Incluso, si se mira la actitud de gobiernos anteriores censuraban a sus ministros y altos servidores para dar declaraciones y lo que decían obedecía a un libreto lacónico y sin explicaciones de fondo. Ellos estaban protegidos por la complicidad de los organismos de control y la Fiscalía que les cuidaban las espaldas. Pero en muchos casos este gobierno les ha seguido el juego a los opositores, dándoles nuevas herramientas para seguir con posiciones escandalosas frente a hechos cursis, que en otros gobiernos no se convertían en escándalos sino en políticas oficiales. Por ejemplo: el nombramiento de embajadores, la terminación de ciertos contratos porque se venció el plazo, la convocatoria de concursos para proveer vacantes, los viajes del presidente, la conformación de ternas para cargos estatales, etc.
Faltan 17 meses para que se termine el gobierno y la política debería ser “gobernar sin hablar”, entregando en casos específicos y de manera concreta, datos de las actividades que le interesan a los ciudadanos. Hay que aplicar la regla budista de que “el silencio es más poderoso que las palabras”. Si el gobierno callara la oposición se quedaría hablando sola, como debería ser en cualquier democracia. Ellos tienen los recintos del Congreso y las corporaciones regionales para que se hagan escuchar de las autoridades. Y cuando haya un caso que deban conocer los organismos de control o la Fiscalía que vayan a esas instancias y los funcionarios asistir dentro de las reglas que señalan las normas de que se mantenga la reserva hasta donde la ley determina. De esa manera la ciudadanía estaría más tranquila sabiendo que el gobierno está dedicado únicamente a cumplir sus deberes funcionales y la oposición a hacer su oficio, pero sin los tizones que le lanza el gobierno para avivar el fuego y el odio.
El gobierno tiene toda la información necesaria para acudir a los organismos de investigación, y debe limitarse a entregar las pruebas pertinentes. Los medios se encargarán de filtrar sus propios escándalos que tampoco hay que responderlos, porque las noticias no son pruebas salvo que haya testimonios o documentos que demuestren que lo publicado es verdad. Los abogados se encargarán de controvertir todo aquello que no deba tenerse como evidencia en un proceso. También es importante que en los grandes contratos se eliminen cláusulas de confidencialidad y compromisorias porque con ellas los particulares sacan de la justicia administrativa los casos judiciales, cuando debería ser nuestro máximo tribunal de justicia administrativa el que se encargue de esos asuntos. Si el gobierno responde todos los ataques que le hace la prensa y los partidos de oposición les está entregando el poder que hoy ostentan las instancias de investigación y juzgamiento, lo cual es un error evidente y en contra de la gobernabilidad y la reserva que consagran las leyes. Y no olviden, todavía están vigentes la presunción de inocencia, la existencia de plena prueba para condenar y el debido proceso, principios que no pueden ser violados ni por los jueces.
Se el primero en Comentar