Los ataques a los gobiernos por razones ideológicas o por cualquiera otra causa injustificada, son frecuentes en países poco desarrollados, en democracias débiles, o cuando el poder ha sido monopolio de grupos o sectores que quieren acceder al poder por la fuerza o no quieren dejarse sacar del mismo, en razón a los privilegios que ostentan o que quieren conseguir por fuera de las urnas o desconociendo las prescripciones legales o constitucionales. Hay diferentes formas de hacerlo y la más común es recurrir al asesinato del mandatario, a su desaparición o mediante ataques jurídicos o usando otros órganos o poderes públicos para que apliquen sus competencias para denostar o encarcelar al actuante presidente. Los golpes militares, por ejemplo, fueron muy utilizados el siglo pasado cuando comprometían directamente a la fuerza pública para arrebatar el poder y apropiárselo en beneficio de los sectores castrenses. Los investigadores políticos colombianos han señalado que en nuestro pais se han presentado actos de esta naturaleza camuflados como acciones cívico militares, de las cuales se cuentan 5 tomas en el siglo XIX y 4 en el siglo XX.
La situación del pais es evidentemente grave, por la polarización que se presenta, y que tiene como causa las diferencias frontales entre quienes defienden posiciones de izquierda y quienes en calidad de agentes de la derecha rechazan la pérdida del poder presidencial en 2022, con un candidato progresista que obtuvo en las urnas más de 11 millones de votos, el mayor resultado en toda la historia republicana. Desde el primer día del mandato y teniendo como punto de partida un rechazo total a las decisiones del Presidente Gustavo Petro, parte de la derecha aceptó un pacto con el gobierno, que dio participación en varios ministerios y cargos nacionales a quienes se declararon como apoyos del mandatario y otros en minoría se declararon en oposición.
El desarrollo del mandato no ha sido pacífico y mediante denuncias, informaciones sesgadas y a veces tendenciosas, los grupos opositores han denigrado de la dignidad presidencial como nunca antes se había presentado. Si nos atenemos a lo que establece la Constitución, en el Estado social de derecho colombiano prevalece la presunción de inocencia y el debido proceso, hasta cuando haya una sentencia ejecutoriada de juez competente. El problema está en que cada noticia o descubrimiento lleva a algunos sectores de la información a declarar la culpabilidad del mandatario en todo aquello que cada periodista considera contrario a la ley, sin esperar una decisión judicial.
El nuevo problema que genera escándalo político y que el gobierno califica como “inicio del golpe blando” es la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación por presunta violación de los topes de campaña contra quien fue elegido y que viola el principio universal del fuero integral, aceptado en Colombia por la jurisprudencia, que implica que el juez natural es la Cámara de Representantes tal como señala la Constitución, (Art. 178 numeral 4º) en todos los casos de investigaciones y si prestan mérito llevar la acusación ante el Senado. También para comisionar a otras autoridades para el desarrollo de investigaciones o para la práctica de pruebas. (Art. 178 numeral 5º) Son válidas, entonces, las actuaciones del Consejo Nacional Electoral en este caso? Son jurídicas las pruebas o inconstitucionales si la Cámara no las practica o si otro órgano las practica sin comisión de la Cámara. Si hay choque entre dos normas constitucionales quién dirime esa diferencia? No le corresponde a la Corte Constitucional según el artículo 241 inciso 1º y numeral 11 como guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución?
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