México está dando pasos hacia un sistema nuevo en materia de escogencia de jueces, proponiendo que sean elegidos por el pueblo y no por sistemas de cooptación o elección mediante favores, como el “yo te elijo tú nombras a mis parientes y amigos”. Resulta inexplicable que se defienda la división de poderes, pero algunos no quieren que la democracia permee a todas las ramas del poder público. Podemos elegir presidente y congresistas, pero no podemos elegir a los jueces, cuando es la gente la que sabe quienes son corruptos y quienes son honrados. Una justicia más cerca de la gente permitiría que cada 6, o cada 8 años, renováramos la judicatura y pudiéramos tener una justicia que responda a los clamores ciudadanos de lucha contra la impunidad que desde hace 20 años permanece en una cifra del 94%. Justicia morosa y deshonrada no es justicia.
La creación de un Consejo Superior de la Judicatura nos hizo pensar en un cuerpo técnico de la justicia para escoger Magistrados y jueces. Pero los casos de concursos que han sido manipulados y los nombramientos provisionales indican que la justicia tiene altos niveles de clientelismo en su interior y hay que buscar parámetros nuevos para erradicar esa mafiosa costumbre de dejar herederos para las riquezas personales y empresariales. La participación de los Magistrados en elección de Procurador, de Registrador Nacional, ha dejado huellas de manoseo y poca trasparencia cuando se determina quién será el nuevo funcionario. Y luego, como en el caso de la Procuradora Cabello, se ve que el clientelismo y la persecución política se convierten en arma de algunos partidos contra el Presidente en funciones y sus subalternos, cuando no se satisfacen los intereses de contratistas corruptos o de clanes empotrados en la administración regional o nacional.
Aun cuando hay muchos que dicen que no es necesaria una constituyente, el gobierno del Presidente Petro ha sido el ejemplo clásico de que sí se necesita para reordenar los poderes y los organismos autónomos que se convierten en mulas muertas o talanqueras que impiden gobernar y cumplir los deseos populares de cambio y renovación de la clase política retardataria y aliada de las élites excluyentes y de los politiqueros de oficio. Un cambio en las reglas de juego no viola la democracia y, por el contrario, la fortalece en la medida que el pueblo participa directamente en el desbloqueo interinstitucional, que a veces los partidos confabulados defendiendo sus intereses, olvidan que se deben al pais y al pueblo y no a los ricos que financian sus campañas. Hay que revisar todas las propuestas sin miedo y con tolerancia de quienes piensan diferente, que no son guerrilleros ni vagos como los califica la derecha, sino gente pensante y organizada, que exige que las rentas públicas se manejen con trasparencia por el bien de todos y no bajo presiones regionales o personales.
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