Ya pasaron 33 años desde cuando se cambió la Constitución de 1886, por la de 1991. Desde aquella Carta sobre la cual se edificaron las grandes mayorías de las élites en Colombia pasaron 105 años, es decir, más de 3 generaciones. Nunca se pudo cambiar la totalidad del texto, porque liberales y conservadores monopolizaban el poder. Entre ellos existía “la manguala” del reparto burocrático y lo que no se podía hacer lo concluían los balazos y la muerte. La ignominia de esa codificación era el estado de sitio, que permitía todos los abusos de quienes estaban en el poder. Y con la fuerza pública acallaban a los disidentes. La Carta de 1991, estableció derechos y reorganizó las instituciones, pero en el fondo, académicos, litigantes y aspirantes a la alta burocracia de las cortes, reconocen que es “una carta de papel”, por más que la jurisprudencia de la Corte Constitucional diga otra cosa. Solamente se han regulado los derechos de los ricos, para hacerse más ricos, como las pensiones, la salud, la educación, los servicios públicos, las APP para carreteras y grandes obras, los peajes, es decir, lo bueno para los de arriba y los pobres a echar mano de la tutela, su único salvavidas contra los abusos y las omisiones de los poderosos.
Ahora, si alguien quiere cambiar la Carta tiene que ir al Congreso, donde están representadas las élites y los ricos, porque no se diga que allí está representado el pueblo, pues para ser elegido senador o representante se necesitan mínimo $20.000 millones que es lo que vale una campaña, o tal vez más. Por eso la corrupción empieza cuando hay que sacar al pueblo a votar comprando conciencias o cuando el dinero hace su parte y valida los prevaricatos y el cohecho para ganar una elección de la mano de la Registraduría y su séquito de servidores o de los jurados, recomendados de los partidos.
En la Constituyente del 91 resultaron 70 elegidos, de ellos 25 liberales,10 conservadores, 20 de la Alianza Democrática M19, 2 de la Unión Patriótica, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, 1 de Autoridades Indígenas de Colombia, 1 del Quintín Lame, 2 del Movimiento Unión Cristiana, 2 del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores y 1 del EPL. NOTA: además de los 70 constituyentes elegidos, el gobiernos designó 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados: dos representantes del Ejército Popular de Liberación, con voz y voto, un representante del Partido Revolucionario de los trabajadores y otro del grupo guerrillero Quintín Lame, ambos con voz pero sin voto. Si nos atenemos a estas cifras, entre liberales, conservadores y movimiento de salvación nacional tenían en la Asamblea nacional constituyente 46 de 70, es decir, más de la mayoría absoluta necesaria para tomar decisiones.
Por eso no puede decirse que esa era una Asamblea con representación del pueblo, estaba en mayoría la derecha y por eso en todos los casos de reformas a la constitución del 91 tiene que intervenir el Congreso, pues ellos no iban a ser tan torpes entregando el poder legislativo a las minorías cuando ellos a lo largo del tiempo podían conservar el poder mayoritario en el Congreso, por si perdían la Presidencia de la República. No fue justa, entonces, la decisión de bloquear las reformas constitucionales e impedir que el pueblo directamente se pronunciara sobre un tema trascendental para sus intereses cuando el artículo 3º de la Carta estaba poniendo al pueblo como el elemento sustancial en el cual residía la soberanía. Todo un engaño de las derechas con quienes asumieron el compromiso de la paz en el año 91.
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