En el mes de abril del año en curso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coordinó una visita a Colombia, según las informaciones públicas de los integrantes de la Comisión y de los medios de comunicación con “el objetivo principal de observar la situación de derechos humanos en Colombia, con especial énfasis en la seguridad ciudadana, los impactos diferenciados de la violencia y la implementación del Acuerdo de Paz”.
Parte de sus consideraciones fueron haber detectado “que las violaciones a los derechos humanos (…) tienen como común denominador la violencia vinculada al conflicto armado, y la derivada de la cultura patriarcal, racista y clasista, que persiste en someter a los sujetos sobre los cuales se ejerce esa violencia”. Pero, además, pudo concluir que “el Estado ha tenido un rol fundamental en la consolidación de esta cultura de la violencia. Por un lado, históricamente, la respuesta del Estado al conflicto armado se caracterizó por un énfasis punitivo y bélico que prioriza la confrontación armada. De allí que “El enfoque de mano dura alejado de una seguridad multidimensional, profundizó el conflicto y contribuyó a la consolidación de esta sociabilidad violenta que ha debilitado la confianza en las instituciones y ha fomentado una polarización política que se manifiesta en visiones contrapuestas sobre asuntos como los orígenes del conflicto, los medios para erradicarlo y el modelo económico”.
También resaltó que “las principales víctimas de estas situaciones son las personas indígenas, afrodescendientes y campesinas, las mujeres y personas LGBTI, las niñas, niños y adolescentes, las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y habitantes de zonas con escasa presencia del Estado, mayoritariamente en áreas rurales y periferias urbanas.” El estudio no puede ser más dramático cuando vemos que los organismos internacionales evidencian un cuadro lamentable, frente al proceder de anteriores gobiernos y la negativa de los sectores de oposición de contribuir a la solución de los problemas nacionales. El riesgo de que estas conducta anómalas socialmente continúen se agrava con la resistencia al cambio social y económico, que toda la sociedad estima necesario, pero que sectores retardatarios obstaculizan por temor a la pérdida de privilegios conseguidos durante más de dos centurias.
Esa confrontación de ideas y programas entre izquierda y derecha en Colombia está dando lugar a una preferencia de los votantes por el programa del Pacto Histórico pues en reciente encuesta que Celag data realizó en Colombia se pudo comprobar que el respaldo de los ciudadanos a las reformas pensional y laboral es del 61% y que el 48% apoya la reforma a la salud, contra un 40% que la rechaza. El 37% dice sentir esperanza y confianza frente a un 25% que expresa enojo o decepción. Mientras que en relación con los personajes de la vida nacional Álvaro Uribe tiene un 61.5% de imagen negativa, frente al 28% de imagen positiva. El Pacto Histórico sigue siendo una fuerza de primer orden pues supera a los demás partidos con el 25% de apoyo, mientras las demás fuerzas están por debajo del 10%. No hay que desmayar en el objetivo de seguir haciendo las cosas bien para garantizar el desarrollo solidario del pais.
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