El programa del Pacto Histórico es claro: “Derechos a la tierra y el territorio: en nuestro gobierno avanzaremos en una reforma agraria que distribuya con equidad y justicia social la tierra, el saber y el acceso al crédito para que el campesino y la campesina puedan vivir, trabajar, producir y cuidar la naturaleza y volver a ser la base de la economía productiva de la nación.” Pero los procesos de reforma en la propiedad de la tierra pasan por los Juzgados competentes para hacer la restitución. Según el director de la Unidad de Restitución de Tierras, El líder indígena Giovanni Yule, “desde el último año hay demandas de víctimas que acumulan más o menos 2′500.000 hectáreas y que están en proceso judicial. Es decir, en manos de los jueces de restitución, quienes, además, tienen las demandas sin resolver de gobiernos anteriores, que se acercan a 5′500.000 hectáreas. Eso quiere decir que existe un cuello de botella jurídico. Si la Rama Judicial nos ayuda a desembotellar esos procesos estaríamos dándole una muy buena noticia al país.”
Según información del diario la República “Colombia cuenta con una extensión de tierras de 114 millones de hectáreas. De estas, la frontera agrícola o el potencial para cultivar son 39,2 millones de hectáreas, lo que equivale a 34% del total. Durante el 2021, se registraron 5,3 millones de hectáreas sembradas, es decir, tan solo 13,5% del potencial.”(28/06/22). El problema es que la tierra no la tiene el que la necesita, sino personajes de alcurnia que han heredado los terrenos que les quitaron a los indígenas mediante órdenes de la corona a partir de la Conquista de América por los españoles. Cuando un Virrey que ocupaba estos territorios ancestrales dijo “toda la tierra es de la corona” los propietarios ancestrales y ocupantes naturales fueron despojados a la fuerza de sus derechos.
La recuperación paulatina de las tierras pasa ahora por los juzgados de restitución que no tienen ni el número de despachos, ni el personal suficiente para atender las demandas de los antiguos poseedores y dueños verdaderos de la tierra. Los despojos por causa de la violencia política y más recientemente por el paramilitarismo, permanecen impunes y lo que está haciendo el gobierno del presidente Petro es devolver esos refugios a sus antiguos dueños, a través de los mecanismos que le da la ley. A pesar de los ofrecimientos hechos por algunos propietarios de reciente cuño, herederos de familias despojadoras, la mora en facilitar las transacciones y los procedimientos es notoria. Pero la paciencia puede llegar hasta el momento en que se apliquen las leyes de expropiación y de extinción por no cumplir la función social de la propiedad, para lo cual no hay que idear nuevos procedimientos sino aplicar los existentes, pero con las manos de quienes hacen justicia en favor de los desposeídos.
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