Las Entidades Promotoras de Salud –EPS- que siguen operando los regímenes contributivo y subsidiado tienen cuentas por pagar con los hospitales y clínicas del país que ascienden a $ 16.6 billones, advirtió el Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán. El funcionario participó en Cartagena en el XIX Congreso Gobernar Salud, organizado por la Corporación Colombiana de Secretarios Municipales y Distritales de Salud. Dijo claramente que estamos frente a la posibilidad de que lleguemos a la inviabilidad del sistema. Si ello es así las medidas que deben tomarse son urgentes y ni el Congreso ni el Gobierno pueden dejarse presionar de las EPS y de otros inversionistas interesados que quieren que “todo cambie para que nada cambie”. Esa frase retórica parece apropiada para calificar la grave situación que vivimos los colombianos con el ”carrusel de la muerte” en que se ha convertido el sistema creado por la Ley 100 de 1993.
Pero algunos expertos entre los que se cuentan afiliados a la Asociación colombiana de Psiquiatría desde 2013 (Revista 379 volumen 42 número 4) vienen advirtiendo sobre los intentos de modificar la ley mencionada favoreciendo a quienes han creado la crisis del sistema que empeoraría si no se escuchan las advertencias de los sectores de la ciencia médica que han dicho lo siguiente: “Desde el establecimiento de la Ley 100 de 1993, se entró a considerar la salud como un «negocio», y no como un «derecho fundamental» de los ciudadanos. Se creó la intermediación a través de las empresas prestadoras de salud (EPS) del orden privado, y se marcó una profunda división entre el régimen contributivo y subsidiado por un plan obligatorio (POS), al cual solo se accedía en la gran mayoría de los casos por demanda legal (tutela).”
“Las EPS, por el poder que les concedía la intermediación financiera, adicional a la corrupción que se presentó, limitaron los servicios, abandonaron los conceptos de la salud pública y desconocieron la importancia de la atención primaria, lo que llevó al sistema a la «quiebra». Ante la crisis, las EPS exigen mantener sus utilidades a expensas del fondo de recursos públicos (Fosyga) y las clínicas y los hospitales públicos y privados (IPS), que en la cadena de prestación del servicio son las últimas, no han podido soportar la tardanza en los pagos por parte de las EPS y hoy muchas de ellas tendrán que cerrar.”
El panorama de hace 10 años no es diferente hoy. La atención no ha mejorado. Los enfermos siguen descuidados mientras las EPS buscan proteger sus privilegios económicos y siguen abundando las tutelas para obtener el derecho a sobrevivir, cuando los jueces ordenan tratamientos y medicinas que no se obtienen con celeridad, ni de otra manera. Si la Superintendencia ya ha encontrado que la fragilidad del sistema es tan evidente, su papel debería ser actuar pronto y sin compasión con las estructuras burocráticas del sistema sanitario que dejan morir a los pacientes por el interés de lucro de algunos financistas de la salud.
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