Ha sido muy bueno por estos tiempos el despertar político de tantas candidaturas nuevas frente a las castas que se han enquistado en la administración pública y controlan la Nación, los Departamentos y Municipios. Hay que decirlo, esos grupos económicos no han permitido progresar a Colombia, porque solamente piensan en ellos mismos y el pueblo, que es mayoría, se deja embaucar con la mentiras politiqueras de algunos candidatos que ofrecen el oro y el moro. Reiteremos que Colombia tiene leyes para todo. Que desde la revolución liberal de 1936 hemos incorporado en las constituciones anteriores y que, además. copiamos en la vigente de 1991, disposiciones para que avancemos, pero los grupos más privilegiados de los últimos 20 años han puesto freno de mano a un periodo que debió ser de crecimiento y lo han convertido en el trasegar por una gran trocha, a pesar de que muchos elogian la modernización vial, las construcciones de vivienda nueva y los millones que contabilizamos en importaciones, que ocultan inversiones del narcotráfico y poco beneficio para la industria nacional. Y es importante decirlo, porque muchos de los avances se han hecho contra los intereses populares, pues las vías que antes se financiaban con el presupuesto general de la Nación, se han convertido en la caja menor de los más pudientes, que se han apropiado de recursos públicos millonarios con las llamadas “concesiones”, que serían fuentes de grandes entradas fiscales si las manejara directamente el gobierno. Pero en Colombia se justifica la debacle diciendo que solo el sector privado maneja las cosas bien, y esa afirmación general no es tan cierta, pues la mayoría de los casos de corrupción son soportados por el dinero de los privados, cuando se lo entregan a funcionarios corruptos para financiar sus campañas politiqueras o sus gastos personales. Entonces, el primer paso es lograr, no una promesa, sino la ejecución de un compromiso por parte del sector privado de que no volverá a incurrir en actos de corrupción.
Otro paso importante es elevar a norma constitucional el voto programático para todos los candidatos a cargos de elección popular, incluyendo al presidente de la República, obligándolos a que registren sus promesas de campaña ante el Consejo Nacional Electoral, de manera que si no se cumple en los primeros 18 meses un porcentaje mínimo del 30% del programa de gobierno puedan ser revocados por quienes sean capaces de ejercer su derecho al voto. La Corte Constitucional ya dijo en 1994 y lo ha reiterado en varias providencias, que el voto programático es una expresión de la soberanía popular y la democracia participativa que estrecha la relación entre los elegidos y los ciudadanos electores. Al consagrar que el elector impone al elegido por mandato un programa, el voto programático posibilita un control más efectivo de los primeros sobre estos últimos. La posibilidad de la revocatoria del mandato es, entonces, la consecuencia de esa nueva relación consagrada por la Constitución de 1991. Pero no puede excluirse al Presidente de cumplir sus promesas, como gran responsable de la política pública y con funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa. Es un grave error al dejar sin responsabilidad real, al gran constructor del caos, si resulta que el presidente es un fracasado en términos de ejecución de los programas ofrecidos. Y toda promesa oficial debe tener un estudio de planeación, un cronograma e indicadores de gestión que señalen las minucias del gasto presupuestal y el avance de las obras, para que la comunidad pueda hacerle seguimiento a cada una y no terminen convertidas en “elefantes blancos”, sobre las cuales pesen señales de corrupción o desidia oficial en perjuicio de los intereses de las comunidades afectadas por esas fallas y por la ineficiencia. Quitemos todos los fueros y los privilegios para los altos cargos del Estado y permitamos que sean juzgados penal, disciplinaria y fiscalmente, como cualquier ciudadano que, en una sociedad democrática, todos somos iguales y nadie está por encima de nadie y menos por ostentar un cargo transitorio en la administración del Estado.
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