El próximo año se vencerá el plazo de vigencia de las anteriores licencias de conducción, para entrar en el mundo de la tecnología. Pero es importante contarle a los colombianos que, en este punto, los gobiernos anteriores y este gobierno han violado la ley de manera flagrante, porque dos veces el Congreso y la Corte Constitucional han dispuesto y explicado que dicho cambio de tecnología es gratuito y por tanto la licencia no debería ser cobrada. Se trata de un “hecho del príncipe” o de imperio del Estado, como ocurrió con el cambio de cedula que no se cobró. Y algo más grave aún los conductores de vehículos particulares tenían licencia indefinida y mediante el Decreto 019 de 2012 se quitó ese privilegio a los ciudadanos para montarle negocio al Ministerio de Transporte y a todos las oficinas de tránsito en el país, así como a los organismos de apoyo de estas entidades, que aportan a las campañas políticas. Obvio, el perjudicado es el ciudadano a quien le aumentaron los costos por todos estos trámites. Y eso que el Decreto 019 de 2012 era para eliminar trámites de los ciudadanos frente al Estado. Con los cambios realizados el único que sufre perjuicio económico es el particular. El Estado y algunos beneficiarios como los centros de reconocimiento llenarán sus cuentas de dinero extraído a los conductores a base de argucias jurídicas avaladas por el algunos políticos y los gobiernos de turno.
Dentro de las características técnicas que contendrán las licencias de conducción se incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional u otro dispositivo electrónico, magnético u óptico con los datos del registro que permita la lectura y actualización de estos. Así, mientras la tecnología es más barata en el mundo a los colombianos se les suben las tarifas de las tasas que cobran la entidades públicas y privadas por la alta burocracia pública o el afán de lucro de los otros. Sin contar claro está con lo que se debe pagar por la nueva reforma tributaria, sin que el Estado reduzca su tamaño y su superficialidad en gastos. Para garantizar la gratuidad del cambio de licencias la ley había autorizado a los organismos de tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario vigente, por cada licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al Ministerio de Transporte por concepto de especies venales. Esto nunca se cumplió y, por tanto el ciudadano de a pie tendrá que cargar con la omisión de los servidores públicos que desconocieron el mandato legal. Falta saber cuánto costará este cambio para saciar la voracidad de los funcionarios.
Lo sorprendente es que en plena pandemia el Congreso aprobó la Ley 2027 de 2020, donde se dio una amnistía a deudores de infracciones de tránsito pero también, y eso es lo repugnante, en el artículo 3º mejoró los ingresos del Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en “el equivalente a 0,70 Unidades de Valor Tributario (UVT) por la generación o modificación de una especie venal de tránsito, independientemente que se realice de manera individual o conjunta en una sola solicitud. El ciudadano deberá cancelar esta tarifa a través de los medios dispuestos para tal fin a favor del Ministerio de Transporte.” A esto agréguele otra mala noticia: en el mismo Decreto 019 de 2012 se había fijado la revisión técnico-mecánica para vehículos nuevos seis (6) años después de la matrícula. A partir del 2022, cumplido ese plazo, lo harán cada año como cualquier vehículo viejo. No se entiende cómo si un propietario lleva su vehículo al concesionario deba también hacerle revisión en un Centro de Diagnóstico Automotor. Verán que esas disposiciones que benefician al Estado y a algunos particulares favorecidos con delegaciones estatales sí las hacen cumplir. Lo que protege al ciudadano el Gobierno lo desconoce o lo viola.
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